Bajar impuestos. Aprobar un “pin parental” para que los padres excluyan a sus hijos “de actividades contrarias a sus convicciones” y derogar una decena de artículos de dos leyes que protegen los derechos LGTBI. Repatriar a los menores migrantes no acompañados llegados a Madrid. O exigir a sus países que paguen “la factura sanitaria de los inmigrantes ilegales”. Esas son las principales exigencias enunciadas este miércoles por Rocío Monasterio (Vox) a cambio de retomar las negociaciones con el PP para investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. El partido de Santiago Abascal, que ahora no exige consejerías, reclama cerrar un pacto el martes 2 como tarde, cuando vence el plazo para que el presidente de la Asamblea elija a un candidato a la investidura. Además, pide que PP, Cs y Vox firmen un único programa de gobierno. Una forma de presionar para romper el veto del partido de Albert Rivera, que negocia en paralelo con Díaz Ayuso y se niega a reconocer a Monasterio como socia.
Estos son los artículos de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y de la ley 3/2016 de Protección Integral contra la LGTBifobia y la discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual que Vox quiere derogar, según ha listado Rocío Monasterio en su comparecencia.
Ley 2/2016: artículos 5, 7, 10, 68, 69, 70 y 71.
Ley 3/2016: artículos 14, 22, 23, 24, 25, 40, 41, 49 y 50.
“La prioridad es evitar las ideas del consenso socialdemócrata”, ha dicho Monasterio, que la semana pasada suspendió sus negociaciones con el PP para castigar que este partido no le cediera consejerías al suyo en el Ayuntamiento de Madrid, a lo que finalmente ha renunciado Vox. “No debe haber cordones sanitarios, las tres partes formarán un programa único común”, ha añadido la portavoz sobre el veto de Cs. “Hemos venido a defender ideas, no a pedir consejerías”, ha rematado, tras explicitar que quiere derogar decenas de artículos de las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y de la de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.
Un día después de las elecciones del 26 de mayo, la propia Monasterio reclamó que Vox entrara en el próximo gobierno regional con un número proporcional de consejeros al de sus doce diputados. El 12 de junio, cuando las tres derechas pactaron la composición de la Mesa de la Asamblea, la líder regional del partido de Abascal anunció que había alcanzado un preacuerdo con Díaz Ayuso para entrar en la estructura del gobierno a través de entes de la Administración, y, especificó, “consejerías”. Todo ha cambiado. Por ahora. Aunque fuentes de Vox no descartan reclamar cuotas de poder al final de la negociación, en estos momentos, dicen, la prioridad es consensuar un programa. Y, añade un segundo interlocutor, “romper el cordón sanitario de Ciudadanos”. Es decir: lograr que la formación de Albert Rivera, que se ha negado siquiera a negociar directamente con la de Abascal, acepte a Vox como un igual.
Para ello, Vox ya no reclama siquiera que haya una negociación a tres que le siente a la misma mes que PP y Cs, como venía pidiendo desde mayo. El objetivo del partido de extrema derecha es repetir la foto del acuerdo presupuestario alcanzado en Andalucía por las tres formaciones: un documento con los logos de los tres partidos y las firmas de sus representantes que le homologue a PP y Cs.
Díaz Ayuso, Monasterio e Ignacio Aguado (Cs) negocian sabiendo que Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, tiene hasta el 2 de julio para proponer un candidato a la investidura. Tanto Ángel Gabilondo (PSOE), que ganó las elecciones, como Díaz Ayuso, que negocia desde el 27 de mayo con Cs y Vox, aspiran a ser los seleccionados. Sin embargo, si ninguno de ellos le garantiza a Trinidad que tiene los votos necesarios, el presidente puede convocar un pleno sin candidato con el 11 de julio como fecha límite.
En ese caso, o en el de que se presente un candidato que no logre la investidura, se abrirá un plazo de dos meses tras el que será obligatorio convocar elecciones de nuevo.
En consecuencia, la fecha limite para que las tres derechas logren un acuerdo, o para que el PSOE consiga la improbable abstención de CS, es el 11 de septiembre. Y Vox amenaza con apurar los plazos si no se alcanza un acuerdo antes del 2 de julio: tras quedarse fuera del gobierno del Ayuntamiento de Madrid, esta es su última oportunidad para lograr cuotas de poder y visibilidad que garanticen la supervivencia de su proyecto de cada al próximo ciclo electoral.
