El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) después de votar las enmiendas aprobadas por el Senado. Con 182 votos a favor, 157 en contra y ocho abstenciones, ha salido adelante la tercera reforma universitaria de la democracia, que sustituye a la Lou de 2001.https://omny.fm/shows/el-mundo-al-dia/cu-l-es-el-problema-de-la-universidad-espa-ola/embed
Según ha explicado el ministro Joan Subirats tras el debate en el Pleno, el objetivo de la nueva norma es “afrontar los retos actuales del cambio de época”, en el que las universidades deben “generar conocimiento crítico y seguir siendo pilares para preservar el pluralismo ideológico”. La Losu se pone como meta alcanzar una financiación del 1% del PIB (actualmente es del 0,7%), aunque los gobiernos regionales y los rectores denuncia que no se garantizan los fondos y que es una mera “declaración de intenciones”.
El texto que comenzó Manuel Castells y ha terminado Joan Subirats deja bastante libertad a las universidades para que en sus estatutos adopten los cambios que consideren. También da más competencias a las comunidades autónomas, tal y como han celebrado las diputadas Josune Gorospe (PNV) y Marta Rosique (ERC). Estos dos partidos han votado a favor de la norma junto al PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, PdeCAT, Teruel Existe, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que el PP, Vox, Ciudadanos, CUP, Foro Asturias, PRC, BNG y los dos ex diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adananero han votado en contra. Los representantes de Junts y Bildu (salvo la diputada Mertxe Aizpurua, que ha votado a favor) se han abstenido.
La portavoz de Universidades del PP, María Jesús Moro, ha recordado que esta ley “no contenta a nadie”, porque los rectores e incluso la propia directora de la Aneca han denunciado que “va en contra de los principios de mérito, igualdad y capacidad”, “no garantiza la financiación necesaria”, “no resuelve los problemas de la universidad” y “rompe la neutralidad institucional”.
El diputado del PSOE Roberto García Morís ha defendido, por su parte, que la Losu va a permitir “establecer una carrera académica más predecible”, “facilita el rejuvenecimiento de las plantillas” y regulará la situación de 25.000 profesores asociados que se encontraban en una situación “precaria”.
Estas son las medidas más importantes de la Losu:
IDEOLOGIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
La Losu ha cambiado de forma considerable durante su tramitación parlamentaria para hacer frente a las reivindicaciones de ERC. La más polémica es la que establece como una de las “funciones fundamentales” del claustro (máximo órgano de representación y participación de la comunidad universitaria) la de “analizar y debatir temáticas de especial transcendencia”. La diputada Rosique desveló que era la llave para eludir futuras sentencias judiciales como las que ya han condenado a la Universidad de Barcelona y la Universidad Politècnica de Catalunya por “posicionarse por temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno” cuando dieron su apoyo al procés. El Tribunal Supremo ha establecido que las universidades “están sujetas al principio de neutralidad predicable de toda Administración pública”, por lo que no pueden emitir este tipo de pronunciamientos. La Losu, por tanto, contradice al TS. Hasta el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha amenazado con llevar al Constitucional esta parte de la ley, junto a la financiación.
17 SISTEMAS DISTINTOS
Otro logro de ERC es que serán las agencias de calidad autonómicas, y no la Aneca, las que tengan la posibilidad de evaluar a los candidatos que quieran optar a una plaza de funcionario, lo que provocará que haya distintos criterios en función de las CCAA. La directora saliente de la Aneca, Mercedes Siles, ha dicho que esta medida provocará que “no haya homogeneidad” porque se establecerán “distintos criterios” en función de los intereses concretos de los gobiernos autonómicos.
ERC también ha conseguido el Erasmus en lenguas cooficiales, que el catalán sea lengua oficial de docencia, investigación y transferencia, que se reconozca la obligación que tienen los docentes de comunicar en qué lengua dan su clase (para que los alumnos puedan denunciarles si no lo hacen en catalán), o más fondos para quienes usen las lenguas cooficiales.
Y también ganan atribuciones para “el reconocimiento automático de estudios” de alumnos procedentes de otras regiones europeas, un paso más para dar a estas comunidades el rango de país. “Nuestro país”, entendido como “nación”, es un término que ha desaparecido de la Losu durante su fase de enmiendas en el Congreso.
Por otro lado, se elimina la capacidad que tenía la Conferencia General de Política Universitaria, foro de acuerdo entre el Gobierno y las autonomías, de establecer límites máximos en los precios de las matrículas que pagan los universidades. Regiones como Cataluña y el País Vasco afianzan sus competencias en sus programas de becas.
DESFUNCIONARIZACIÓN
Dentro de otros “logros” de ERC está también la “equiparación del personal laboral con el funcionario”. Se establecen dos vías, la funcionarial y una laboral paralela. Los sindicatos lo ven como una “privatización encubierta de la universidad” y una forma de “colocar a los de la cuerda, lo que creará redes clientelares vinculadas al Gobierno de turno”. Según Ramón Caballero, responsable de Universidades del sindicato CSIF, “se fomenta la laboralización de las plantillas mientras tiende a desmantelarse los cuerpos docentes universitarios, lo que provocará duplicidades, frenará la movilidad e incrementará la precariedad, la discriminación y la desigualdad entre colectivos”.
Hasta ahora, las universidades tenían que tener un 51% de la plantilla formada por funcionarios. Ahora se ha eliminado este porcentaje y se dice que tiene que haber mayoría pero computado en equivalencia a tiempo completo, lo que, en la práctica, reduce esa proporción, porque “hay muchísimos profesores, por ejemplo los asociados, que no están contratados a tiempo completo”.
MENOS EXIGENCIA A LOS RECTORES
Los rectores ya no serán considerados la “máxima autoridad académica” de la universidad y serán elegidos mediante elección directa por sufragio universal ponderado de todos los miembros de la comunidad universitaria. No ha cuajado esa idea de Manuel Castells de que los pudiera seleccionar un comité externo con expertos, como se hacen en los mejores campus del mundo. También se han rebajado sus requisitos: ya no tendrán que ser catedráticos como hasta ahora y ya no deberán reunir unos méritos concretos, sino que cada campus fijará los criterios que considere. La duración de su mandato será de seis años improrrogables y no renovables (ahora eran cuatro). No obstante, una enmienda del PSOE aprobada en el último momento en el Senado dice que, hasta que las universidades aprueben sus nuevos estatutos, el candidato deberá acreditar al menos tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión.
En el acceso a la carrera docente se elimina el control externo, pues los profesores ayudantes doctores no tendrán que acreditarse por la Aneca y su evaluación queda en manos de los comités de selección de los campus. Por otro lado, los profesores universitarios tendrán que hacer un curso de formación docente antes de ponerse a dar clase, como se hace en la enseñanza no universitaria.
ESTABILIZACIÓN DE 25.000 PROFESORES ASOCIADOS
La ley obliga a reducir los contratos temporales del actual 40% al 8%, en sintonía con la UE, por lo que obliga a convocar concursos de méritos a las universidades para hacer indefinidos a tiempo parcial a 25.000 profesores asociados, que malviven desde hace años con contratos muy mal pagados. Pero este colectivo se ha puesto en huelga porque no ven que haya una partida presupuestaria concreta en la ley ni se fijan unos criterios comunes, pues cada universidad podrá establecer lo que considere oportuno. Además, los ayudantes doctores temen que los asociados les quiten el puesto.
INTERNACIONALIZACIÓN
Los estudiantes podrán pedir “el permiso de residencia para todo el tiempo que duren los estudios y un año más”, en vez de tenerlo que renovar anualmente como ahora. Y también se ha solucionado en el Senado el limbo en el que se encontraban más de 1.000 psicólogos extranjeros a los que no se les permitía ejercer en España. En cuanto entre en vigor tendrán la posibilidad de homologar sus estudios o acceder al máster español para completarlos. Ahora su licenciatura no tenía validez en nuestro país. Además, se crea una nueva figura de profesores “distinguidos” para atraer talento de fuera, aunque no queda claro que se les pueda pagar más.
RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA LABORAL
Las personas sin titulación universitaria pero que acrediten experiencia laboral con nivel competencial equivalente a la formación universitaria podrán acceder a las enseñanzas universitarias de formación permanente mediante un procedimiento de reconocimiento de la experiencia profesional. Las universidades podrán ofrecer formación específicas y rápidas, las llamadas microcredenciales. En línea con el modelo anglosajón, se permiten títulos interdisciplinares, menciones duales (carreras con prácticas en empresas), títulos universitarios e itinerarios abiertos para que los alumnos se creen carreras a la carta.
PREFERENCIA PARA LAS MUJERES
Las mujeres tendrán “preferencia” frente a los hombres para ser contratadas en las universidades públicas aunque tengan los mismos méritos. “En igualdad de condiciones de idoneidad”, se escogerá al sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de la que se trate. Se busca la paridad en los equipos de investigación, en los órganos colegiados y en todas las comisiones de selección y evaluación. Además, se favorecen los proyectos con perspectiva de género y se refuerza el papel de las unidades de igualdad y diversidad, que ya funcionan en buena parte de las universidades.
COLEGIOS MAYORES
La nueva Ley de Universidades impide a los colegios mayores adscritos a la universidad pública separar por sexo. Estas residencias tendrán que convertirse en mixtas si no quieren perder las exenciones fiscales y su participación en la vida cultural y deportiva de las universidades a las que están adscritos. De los 109 colegios mayores que hay en España, 50 son mixtos; el resto diferencian entre hombres y mujeres. Este cambio se realizó en el Congreso a instancias de una enmienda de Más País tras los gritos machistas en el colegio mayor de chicos Elías Ahuja de Madrid, adscrito a la Universidad Complutense.
DERECHO A HUELGA
La Losu reconoce el derecho a huelga de los estudiantes, lo que significa que estarán legitimados para convocar paros académicos y no estarán obligados a hacer exámenes ni a ser sometidos a evaluaciones durante ese tiempo. En el Congreso se ha eliminado el deber que tenían los estudiantes que hacen huelga de “garantizar el derecho a la educación” de sus compañeros que quieren ir a clase, lo que permite, en la práctica, que puedan boicotearles.
También se establecen las becas como un “derecho subjetivo” de los estudiantes, y se ha incluido que el “origen nacional y étnico” del alumno pueda ser también un criterio para recibir ayudas junto a su situación socioeconómica.
Otro guiño para los estudiantes es la enmienda que dice que, cuando el Gobierno diseñe la nueva Selectividad, estará obligado a contar con el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, que se pone en este asunto al mismo nivel que la Conferencia General de Política Universitaria, aunque ambos tienen intereses contrapuestos.
MORATORIAS
La Losu entrará en vigor a los 20 días de publicarse en el BOE. Los rectores se habían quejado de que no daba tiempo a acometer todos los cambios, especialmente los nuevos concursos, así que en el Senado se han introducido varias moratorias que dan un margen para seguir sacando plazas con la ley anterior hasta final de este año, aunque se considera insuficiente este periodo por parte de los rectores, sobre todo para habilitar fondos para las contrataciones. En las grandes universidades se van a mezclar los concursos de promoción con los de estabilización de asociados, lo que va a ser caótico.
También se da de margen hasta septiembre de 2024 para que los campus adapten el régimen de dedicación de su personal docente e investigador permanente. La Losu fija una horquilla que puede suponer menos horas lectivas en algunos casos y, dado que pueden producirse dificultades en la reestructuración, se ha preferido ganar tiempo.
Todos estos cambios ralentizan la puesta en marcha de la Losu, que el PP ha prometido derogar si vuelve a gobernar. Sólo se agilizan los plazos tras aprobarse en el Senado una enmienda de ERC que reduce de un año a seis meses el tiempo que tiene el Gobierno para presentar un Estatuto del Personal Docente e Investigador Universitario. Pero, con las elecciones generales también en el horizonte, es poco probable que se materialice.
Fuentes: El Mundo
