El ACNUCH instó al gobierno de Venezuela a liberar a las personas “ilegalmente” detenidas, levantar las restricciones al derecho a participar en asuntos públicos del país y, en general, a aplicar las recomendaciones expuestas en su más reciente informe.
El Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la ONU (ACNUCH), Volker Türk, instó el miércoles al Estado venezolano a levantar “todas las restricciones indebidas” al derecho a participar en asuntos públicos, ante los venideros procesos electorales en el país.
“Que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos, el pleno cumplimiento del debido proceso y que se instauren medidas para evitar y sancionar los ataques de intimidación de personas que manifiestan disensión”, precisó al presentar el informe sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela en un diálogo interactivo en el Consejo de DDHH de la ONU.
Türk dijo haber recibido información sobre “obstáculos” a la libre participación en las cuestiones políticas, incluyendo descalificaciones administrativas de miembros de la oposición, lo que, aseguró deben “abordarse con urgencia”.
Un oficio de la Contraloría General de la República (CGR) divulgado la semana pasada notificó que la candidata en la elección presidencial primaria de la oposición, María Corina Machado, favorita en la intención de votos en ese proceso, se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años. La medida ha sido condenada por la sociedad civil venezolana y miembros de la comunidad internacional.
El ACNUCH advirtió que siguen “de cerca” y desde la perspectiva de los DDHH, los avances sobre el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).
El mes pasado los rectores del CNE de Venezuela renunciaron a sus cargos para que la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista designe a una nueva directiva, una situación considerada por la oposición y analistas políticos como una maniobra para crear desconfianza en la institución y en el voto, ante las elecciones presidenciales previstas para 2024.
Además, nuevamente llamó al gobierno a liberar a todas aquellas personas que se encuentran “ilegalmente” detenidas, especialmente aquellas reflejadas por el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias y las personas cuya detención preventiva ha rebasado el límite legal.
Expresó especial preocupación por la detención del activista de derechos fundamentales y profesor universitario, Javier Tarazona, que se encuentra en “mal estado de salud” y que esta semana cumplió dos años detenido sin avances en su juicio.
Aunque Türk admitió que los procedimientos jurídicos indebidos y de detención arbitraria han disminuido respecto al año anterior, dijo que “sigue siendo preocupante”.
“Las restricciones sobre la información pública, así como la libertad de opinión y expresión, son también preocupantes. Incluso el cierre de 16 estaciones de radio a escala nacional. La oficina continúa documentando casos de restricciones indebidas a ONG que trabajan en cuestiones de DDHH. En estas y otras áreas ha de reformarse la legislación para que esté en consonancia con las normas internacionales para fortalecer la libertad de asociación”, subrayó.
En el informe sobre la situación de Venezuela divulgado el martes, el Alto Comisionado de la ONU presentó diversas recomendaciones al gobierno venezolano que instó a aplicar, especialmente en materia del disfrute pleno del espacio cívico.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de DDHH, dijo que en el informe prevalece “una redacción hostil, a partir de afirmaciones sin fundamento, no verificadas o contrastadas con el Estado”.
“Sorprenden las preocupaciones en áreas novedosas como la agenda sindical y laboral de Venezuela las cuales rechazamos, son estas competencias de la OIT (…) lamentamos que su oficina insista en afirmar que la compleja situación económica vivida es anterior a la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos”, expuso.
Fuente: VOA
