El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha incluido en el orden del día de la Junta de Fiscales de Sala que se celebrará el próximo día 16 una dación de cuenta sobre la prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco. La tesis defendida ahora por el máximo representante el Ministerio Público es que no cabe pronunciarse por el momento sobre la posible prescripción de los hechos. El fiscal general adopta esta nueva postura después de que la Audiencia Nacional dejara claro que es prematuro declarar prescrita la causa.
EL MUNDO desveló el pasado 21 de julio, que el entonces fiscal del caso, Vicente González Mota, renunció a llevar el mismo después de que su fiscal jefe, Jesús Alonso, recibiera la “instrucción” del fiscal general del Estado -entonces jefe de la Secretaria Técnica de Dolores Delgado- de considerar los hechos investigados como prescritos para los etarras Miguel Albisu Iriarte Mikel Antza, María Soledad Iparraguirre Anboto e Ignacio Miguel Gracia Arregui.
La tesis del fiscal González Mota era que el cómputo de los 20 años de prescripción debe empezar a contar desde la fecha de la detención de los investigados, es decir, el 3 de octubre de 2004, en vez de desde la fecha del asesinato. La razón es que las autoridades francesas dirigieron desde aquel momento el procedimiento contra los investigados como miembros de ETA. En este sentido, el fiscal sostuvo que la resolución de la justicia francesa que precisamente señaló la participación de los imputados en la actividad desarrollada por la banda terrorista en los últimos años interrumpía la prescripción.
Sin embargo, esta postura jurídica fue descartada en una mañana por García Ortiz y el fiscal jefe de la Audiencia sin ni siquiera solicitar un informe sobre la cuestión al fiscal del caso. Estos hechos generaron un profundo malestar entre las víctimas del terrorismo.
Así que al ser propuesto para fiscal general, García Ortiz se comprometió en el Congreso de los Diputados a someter al criterio de los fiscales de la máxima categoría de la Carrera Fiscal el debate sobre la prescripción.
En contra del criterio defendido hasta ese momento por el fiscal general, el tribunal rechazó declarar por el momento prescritos los hechos en un auto donde la Sala explicó que “dada la trascendencia de la cuestión suscitada (la prescripción) no puede ser sustraída al órgano enjuiciador en cualesquiera de las decisiones que al respecto pudiera adoptar, incluso a instancias superiores”. Es decir, que sería un asunto que debería resolver el tribunal de la Audiencia que celebre el juicio e incluso posteriormente en casación por el propio Tribunal Supremo.
Tras esta decisión, el fiscal general dará cuenta a los fiscales de Sala de que “el pronunciamiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la prescripción de los hechos investigados en el Sumario 9/1997 seguido ante el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de los de la Audiencia Nacional se determinará en el momento procesal oportuno ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una vez haya sido recabado todo el material probatorio y documental que pueda coadyuvar a conformar una tesis concluyente”.
Fuentes: El Mundo
