Los presupuestos catalanes del año 2023 no habrán entrado en vigor el 1 de enero, sino dos meses más tarde, y no se han aprobado con el voto de los grupos parlamentarios que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dijo que los negociaría. Pero el Govern de Esquerra ya tiene desde hoy la luz verde para ejecutar sus cuentas, con apoyo del PSC mediante.
Un apoyo que el presidente republicano, Oriol Junqueras, descartó hace ahora justo cinco meses. El día siguiente a que Junts per Catalunya certificase su salida del Ejecutivo de coalición tras una consulta a sus bases, el líder de ERC dijo que su partido no aceptaría los votos de los socialistas porque no estaban “comprometidos con el fin de la represión y la defensa de la autodeterminación”.
Pero los republicanos han hecho de la necesidad virtud y hoy no se avergüenzan de la foto de Aragonès y el jefe de la oposición, Salvador Illa, rubricando hace pocas semanas el acuerdo que permitía el plácet a las cuentas autonómicas, que hasta ese día contaban únicamente con el aval de los ocho diputados de En Comú Podem.
En el entretanto, Esquerra y los socialistas han ido tejiendo otras alianzas, como la eliminación del delito de sedición y la reforma del de malversación en el Código Penal, el sí republicano a los Presupuestos Generales del Estado y la abstención del grupo municipal encabezado por Ernest Maragall en el Ayuntamiento de Barcelona para permitir la aprobación de las cuentas del Gobierno local de comunes y socialistas para este año.
Unos y otros se afanan en alejar cualquier sombra de reedición de un tripartito de izquierdas, como el que gobernó Cataluña entre 2003 y 2010 (PSC, ERC e ICV), pero lo cierto es que la aprobación de los presupuestos era, desde la salida de Junts del Govern, el principal dolor de cabeza de Aragonès. La debilidad de Esquerra en el Parlament, con solo 33 diputados de los 135 que componen la Cámara legislativa, dejaba al Ejecutivo a merced de mayorías distintas a las habituales de los últimos diez años, desde el momento en que Junqueras brindó su apoyo al entonces president Artur Mas en el inicio del procés.
Aragonès nunca fue tan taxativo como Junqueras en vetar al PSC, sabedor de que su suerte dependía de los votos del partido liderado por Illa en la ley más importante para poder encauzar en solitario la segunda mitad de la legislatura. Aun así, con la boca pequeña, aseguró en aquel ya lejano octubre que su prioridad era negociar las cuentas con Junts, la CUP y los comunes, es decir, los dos partidos que apoyaron su investidura más la formación que ya dio su apoyo a los anteriores presupuestos compensando el desmarque que hizo la CUP en aquellas negociaciones.
EL ‘NO’ DE JXCAT
Pero Junts tenía en las cuentas autonómicas una doble oportunidad. Por un lado, un instrumento para erosionar a sus antiguos socios forzándolos a pactarlas con dos partidos no independentistas y romper la mayoría secesionista “del 52%”. Hoy, su líder parlamentario, Albert Batet, ha acusado a Aragonès de instaurar un nuevo tripartito “con Ada Colau y Pedro Sánchez” y finiquitar la alianza entre las fuerzas independentistas.
Por otra parte, los posconvergentes han podido exhibir en estos cinco meses un perfil más liberal en sus propuestas económicas, toda vez que ya no se sienten limitados por su coalición con ERC en el Palau de la Generalitat y la dependencia de los votos de la CUP y En Comú Podem para llevar a cabo la acción política.
El pacto entre republicanos y socialistas, que desde el primer momento tendieron la mano a Aragonès pese al teórico veto de Junqueras, ha sido posible tras la concesión del president a Illa de incluir el compromiso de estudiar tres proyectos que los comunes rechazan y que la propia Esquerra nunca ha defendido: la ampliación de la capacidad del aeropuerto de El Prat, la autovía orbital B-40 de Barcelona y el macrocasino de Hard Rock en Tarragona, tres empresas que llevan años encalladas y que, a día de hoy, carecen de consenso político.
La sesión parlamentaria de este viernes tenía ya el guion escrito y los presupuestos de la Generalitat han sido aprobados con 73 votos a favor (ERC, PSC y En Comú Podem) y 58 en contra (Junts, CUP, Vox, Ciudadanos, PP y el diputado no adscrito Antonio Gallego, antes en Vox).
El ex president Mas inauguró en su mandato la costumbre de coleccionar fechas simbólicas con lo que consideraba hitos del procés, bien fuera una convocatoria a las urnas o la elección de una pregunta refrendaria. El 10 de marzo de 2023 se añade a esa ristra como el día en que Esquerra Republicana y el PSC oficializaron una alianza en el Parlament sin agachar la cerviz.
Fuentes: El Mundo
