El nuevo Gobierno ecuatoriano que será electo el 15 de octubre tendrá que pagarle al Banco Central US$ 1.937 millones, entre enero de 2024 y mayo de 2025, por la deuda que generó el régimen de Rafael Correa frente al Banco Central y que llegó a US$ 8.300 millones. Pero además esa deuda tiene un origen opaco, pues proviene de una creación de dinero que hizo el Correato entre 2014 y 2017.
Adicionalmente, dicha deuda se caracteriza por tener vencimientos bastante altos, especialmente entre 2023 y 2026, lo cual provoca dificultades fiscales para el Gobierno ecuatoriano y un alto costo económico para el país andino. Esa deuda ya la empezó a pagar la administración de Guillermo Lasso y hasta diciembre de este año se habrán cancelado US$ 2.026 millones, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para la Defensa de la Dolarización.
Los datos fueron revelados por el gerente del Banco Central de Ecuador, Guillermo Avellán, en una publicación oficial realizada este miércoles 20 de septiembre. Avellán explicó que durante el gobierno del expresidente Rafael Correa las autoridades del Banco Central del Ecuador (BCE) encontraron la manera de proveer “financiamiento al Gobierno central”.
Este mecanismo de financiación se intensificó a partir de la caída del precio del petróleo a finales de 2014, alcanzando el monto máximo de US$ 8.339 millones entregados al Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador (MEF) y bancos públicos hasta octubre de 2017. Lo más curioso es que se pudo entregar este monto, a pesar de contar con un nivel de reservas internacionales (RI), en promedio, de US$ 4.000 millones.
Así, la pregunta que salta al instante es: ¿de dónde salieron los recursos para financiar al Gobierno ecuatoriano? La respuesta de Avellán es que “la administración de aquella época recurrió a un mecanismo conocido como la expansión del balance del Banco Central o creación de dinero”.
En términos contables, este mecanismo consistió en acreditar recursos en las cuentas corrientes pertenecientes al MEF y bancos públicos dentro del BCE, y a cambio se recibían títulos o bonos emitidos por dichas entidades. En otras palabras, “el BCE creó dinero al acreditar más de US$ 8.300 millones en cuentas del MEF y bancos públicos, y recibió principalmente títulos que no podían ser convertidos en liquidez de manera inmediata”. Este mecanismo se denomina “expansión del balance porque aumenta tanto el nivel de activos como pasivos dentro de la institución”, dijo.
Además recordó que una vez entregado el crédito al Gobierno ecuatoriano, este financiamiento provoca en el corto plazo una reducción en las reservas internacionales, porque una parte de los recursos acreditados al MEF terminan saliendo de la economía ecuatoriana, debido principalmente a un incremento en las importaciones por el aumento del gasto público y la demanda agregada. Por lo tanto, el financiamiento otorgado al MEF provocó una disminución en el nivel de liquidez del BCE, como se evidenció durante los años 2015 y 2017, el cual fue compensado con un incremento significativo de la deuda externa que intentaba cubrir la reducción de reservas con desembolsos desde el exterior.
Adicionalmente, este mecanismo de financiación implicó durante este periodo la aplicación de restricciones comerciales y financieras, como salvaguardias para el comercio exterior, el impuesto a la salida de divisas y el coeficiente de liquidez doméstica, a fin de limitar las importaciones, la salida de recursos al exterior, y así una reducción aún mayor en las reservas.
Avellán detalló las consecuencias de lo que él llama “la trampa de la expansión de balance”:
– Creación de dinero sin respaldo de activos líquidos en el BCE.
– Aumento de las importaciones por el incremento del gasto público.
– Reducción significativa de las reservas internacionales.
– Disminución del nivel de liquidez en el BCE.
– Reducción en la cobertura al total de pasivos con activos líquidos del BCE.
– Incremento agresivo del endeudamiento público.
– Aplicación desproporcionada de salvaguardias que afectaron al sector productivo y a los hogares.
– Introducción del impuesto a la salida de divisas como mecanismo para restringir importaciones del sector privado y generar mayor recaudación para el Estado ecuatoriano.
– Aplicación de un control de capitales atípico para economías dolarizadas que exige a las entidades financieras mantener el 60% de su liquidez dentro del país.
En estos días los dos candidatos finalistas a la Presidencia, Daniel Noboa (Acción Nacional Democrática) y Luisa González (Revolución Ciudadana), han dicho que tomarán dineros de la reserva, en un proceso que sería parecido al que ya lo hizo el Correato. Sin embargo, la diferencia es que ahora esto está prohibido por la Ley de Defensa de la Dolarización.
Avellán comentó que resulta preocupante que los candidatos presidenciales hayan anunciado públicamente su intención de retomar el financiamiento desde el BCE al Gobierno central. En este sentido, dijo que deberían considerar que todavía se mantiene una deuda vigente superior a los US$ 6.575 millones. Además advirtió que hacerlo puede generar consecuencias y riesgos para la dolarización.
Fuente: America Economia
