Chile se apresta a conmemorar el 50 aniversario del golpe militar de 1973, una intervención armada que fracturó la democracia y dio paso a 17 años de cruenta dictadura, un hecho del pasado reciente que divide a esta sociedad austral.
Según cifras oficiales, con base en testimonios de miles de familiares y víctimas, el régimen cívico-militar liderado por Augusto Pinochet (1973-1990) instaló más de mil centros de detención y tortura. Por ellos pasaron 40.175 personas prisioneras, torturadas y vulneradas por razones políticas, de las cuales más de 3.200 fueron asesinadas o desaparecidas, inclusive niños y mujeres embarazadas.
“Quiero llamar a la ciudadanía a que esta conmemoración sea un momento de reflexión, en que recordemos la tragedia, recordemos las alegrías que inspiraron los sueños de un mundo distinto, la épica de la lucha contra la dictadura para recuperar la democracia y que lo hagamos de forma pacífica”, dijo esta semana el presidente chileno, Gabriel Boric.
Centenares de campañas y actividades políticas, académicas y sociales en homenaje a las víctimas, por la democracia y la memoria, se han llevado a cabo a nivel nacional y en el extranjero en los últimos días, al tiempo que han resurgido voces ultraderechistas que minimizan los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el velo dictatorial.
“Existen posiciones extremas, negacionismo, que tergiversan la verdad histórica. Por su parte, los sectores progresistas están abiertos a conmemorar y ratificar un compromiso con la democracia y con el ‘nunca más'”, dijo a Xinhua Claudio Barrientos, académico de la Universidad Diego Portales.
El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de La Moneda fue bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea y atacado por tierra por el ejército acuartelado en Santiago.
Los proyectiles provocaron un incendio en la sede de gobierno donde se hallaba el presidente Salvador Allende (1970-1973), mandatario socialista electo por vía democrática, cuyo revolucionario proyecto político quedó truncado y él resultó muerto.
La socióloga Daniela Jara explicó a Xinhua que esta efeméride “divide a los chilenos”.
“Está entre quienes conmemoran la memoria de un golpe militar, la destrucción de la democracia y la violencia de Estado, y quienes celebran los hechos al considerar que las Fuerzas Armadas y Pinochet salvaron al país del marxismo”, sostuvo la directora de la Escuela de Sociología de la Universidad de Valparaíso.
A su juicio, el golpe militar se convirtió en un “hito fundante del presente”, que “profundizó la división de memorias políticas en el país, deterioró significativamente el tejido social y la confianza en la política y en las instituciones”.
La política de “exterminio selectiva” impulsada por el régimen, añadió, se ocupó de desarticular meticulosamente cada organización o grupo social con capacidad de liderazgo o activismo, e implantó una “memoria del miedo” en la población.
Esto marcó en adelante la identidad nacional, aseveró.
La dictadura chilena “sometió” a la sociedad a un modelo económico neoliberal “individualista”, comentó por su parte Barrientos, director del Observatorio de Historia Reciente de Chile y América Latina, además de movilizar discursos nacionalistas de “homogeneidad cultural, lingüística, racial, que no coinciden con la complejidad social del país”, lo que profundizó la fragmentación.
Actualmente, Chile se reparte entre quienes claman por “verdad y justicia” para las víctimas y exigen garantías de no repetición. Y aquellos sectores conservadores que festejan el asalto de las fuerzas militares, que frenó el tránsito chileno hacia el socialismo y allanó el camino para la implementación del llamado “milagro” de la liberalización económica.
De acuerdo con la encuesta nacional Pulso Ciudadano, un 42 por ciento de los chilenos está “muy en desacuerdo” con el golpe, mientras que otro 32,8 por ciento lo avala.
El sondeo además indica que un 70,1 por ciento considera que esta conmemoración “divide” a la ciudadanía, frente a un 14,7 por ciento que ve en ella un espacio de unidad.
“Esta conmemoración de 50 años del quiebre de la democracia nos pilla en Chile en un momento difícil políticamente”, afirmó en la previa el presidente, Gabriel Boric, quien anunció un plan estatal de búsqueda de 1.092 personas víctimas de desaparición forzada y 377 ejecutados políticos, cuyos cuerpos no han sido entregados.
Hasta hoy, la búsqueda de los restos ha recaído sobre los hombros de sus familiares, quienes han recorrido mar y desierto para encontrar osamentas u otras pistas, y acusan un “pacto de silencio” entre los culpables que les impide hacer justicia.
La dictadura de Pinochet dejó también más de 200.000 personas exiliadas.
Por su parte, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el mes pasado una moción para solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno que gestione la liberación de antecedentes secretos por parte de Estados Unidos sobre la intervención de ese país durante y después del golpe de Estado.
“Decir que EE. UU. intervino para derrocar al presidente Salvador Allende no es una opinión o un juicio de valor, sino que una constatación de la realidad”, señalaron los parlamentarios, quienes exigieron “conocer la verdad sobre la intervención de una potencia extranjera en nuestra soberanía”.
Documentos desclasificados han revelado que Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, tuvo un rol crucial en el golpe de Estado chileno al respaldar a las fuerzas armadas con apoyo financiero y logístico para derrocar a Allende, en su lucha contra la expansión de la izquierda por Latinoamérica, lo que se tradujo en años de represión, violencia desmedida y crisis económica.
Fuente: Xinhua Espanol
