El Gobierno de Perú decidió hoy ampliar el estado de emergencia contra la inseguridad a otros dos distritos de la ciudad capital, que son Cercado de Lima y Lince, para enfrentar la creciente ola de criminalidad en esas localidades, informó hoy el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
El funcionario declaró a la prensa que la medida regirá durante 60 días, a partir del próximo 11 de octubre, con la finalidad de “preservar la seguridad y la vida de los peruanos, de sus negocios, y combatir de manera radical la prostitución clandestina, las extorsiones y la trata de personas”.
La extensión fue acordada en una reunión del Consejo de Ministros celebrada este lunes en Palacio de Gobierno, días después de que la mandataria del país, Dina Boluarte, asegurara que el estado de emergencia declarado el pasado 20 de septiembre en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres “sí están dando resultados”.
De esta manera, se ha autorizado a la Policía Nacional mantener el orden interno en esas localidades, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, “como su marco legal así lo permite”.
El ministro del Interior, Vicente Romero, explicó que la nueva decisión ha sido tomada debido a que Cercado de Lima “es el segundo distrito, después de San Juan de Lurigancho, con alta incidencia delictiva”, registrando “una serie de hurtos, robos, extorsiones y estafas”.
En Lince han sido considerados más de siete puntos, donde la Policía ha detectado “acciones de trata de personas, que es el delito más cruel actualmente”.
Romero precisó que el estado de emergencia que inició el mes pasado deja ya resultados positivos en San Martín de Porres, donde ha disminuido en 22 por ciento los robos y sicariatos, mientras que en San Juan de Lurigancho la incidencia delictiva ha caído en un 20 por ciento, lo cual demuestra “que la medida ha sido efectiva”.
Se debe recordar que el Gobierno peruano decretó inicialmente estado de emergencia en septiembre en dos distritos de Lima, así como en siete del departamento norteño de Piura, para “salvaguardar la vida” de la población frente al incremento de la inseguridad.
Según señala el respectivo decreto, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Fuente: Xinhua
