Durante el tratamiento en Cámara de Diputados, ayer, del proyecto de ley “que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustibles”, casi se inauguró la recientemente promulgada ley contra el Conflicto de Interés en la Función Pública, también conocida como contra “puertas giratorias”.
Atendiendo a que el proyecto plantea obligar al Estado que publique la estructura de costos de los combustibles y que varios legisladores -personalmente o a través de sus familiares directos- son dueños de estaciones de servicio, la diputada Kattya González (PEN) exigió que estos se inhiban a la hora de votar, atendiendo la vigencia de la Ley N° 7089/2023 que establece el “Régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la Función Pública”.
“Es un imperativo. A los dueños de estaciones de servicio les estoy diciendo, esto es un imperativo, deberán abstenerse de tomar intervención directa o indirecta en los asuntos relacionados con las empresas que hayan sido su propiedad (…)”, afirmó, exigiendo que se aplique la ley.
Remarcó que la restricción “no solamente (es por motivo) ético, sino (hay un) deber legal de abstenerse de votar en un tema donde están involucrados directamente a través de sus sociedades o las sociedades de sus familias”.
Atendiendo a que contaban con números ajustados de quorum y no tendrían los 41 votos para ratificar la versión Diputados, que cercena totalmente el proyecto, aplicándolo solo al diésel común, se aprobó la postergación por 7 días del tema.
Fuante: ABC
