La jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, emitió un fallo a favor del fondo buitre Burford Capital que conlleva que Argentina deba pagar hasta 16.000 millones de dólares por la reestatización de YPF en 2012, sentencia que será recurrida por el país sudamericano.
“Jueza Preska emite fallo a favor de Burford capital, de tal manera que los daños económicos por haber expropiado YPF se elevan a cerca de 16.000 millones de dólares“, confirmó en las redes sociales el economista Sebastián Maril, especialista en las demandas que afronta Argentina en EEUU.
La magistrada del Segundo Distrito Sur de Manhattan no estableció una cifra exacta de indemnización por la expropiación de las acciones de YPFque adquirió con posterioridad Burford Capital, un fondo de inversión con sede en Londres especializado en comprar juicios, pero sentenció que el esquema de compensaciones económicas que propuso la querella era el conveniente.
Para Preska, Argentina ejerció un control indirecto sobre las acciones que tenía la petrolera española Repsol el 16 de abril de 2012, por lo que consideró que el interés del 8 por ciento propuesto por los abogados de Burford Capital era “apropiado y equitativo”.
En el marco de este juicio, que duró ocho años, el fondo buitre consideró que el Estado argentino debía resarcirlo con 16.000 millones de dólares, mientras que el país sudamericano propuso la cifra de 5.000 millones de dólares.
Argentina apelará “inmediatamente” el fallo de la jueza estadounidense, anunció este 8 de septiembre la portavoz del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, quien analizó el caso con la Procuración del Tesoro.
“Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres“, afirmó la vocera en las redes sociales.
A raíz de esta sentencia, las partes deberán ahora negociar el monto de indemnización sobre la base del tope del reclamo.
Argentina tiene posibilidad de apelar la sentencia en dos instancias judiciales, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, pero deberá abonar para ello una garantía.
Durante el desarrollo del juicio, los fondos Burford Capital y Eton Park reclamaron que el Estado argentino tendría que haber lanzado una oferta de adquisición por todo el capital accionario de YPF, y no solo por el 51%, de acuerdo a los estatutos de la compañía.
El Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) expropió en abril de 2012 el 51 por ciento de las acciones de YPF, controladas por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.
En abril de 2015 comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina, Eskenazi, a través de las cuales habían controlado 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Tras la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York, bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49% de las acciones restantes, de acuerdo al estatuto de YPF.
Fuente: Sputnik Mundo
