Esta pequeña nación con poca densidad poblacional tiene una de las tasas de homicidios más bajas de Suramérica. Bajo esta apariencia de tranquilidad, las economías criminales alimentan extensas partes de esta antigua colonia holandesa con la participación de funcionarios de gobierno del más alto nivel.
Geografía
Surinam está aislado geográficamente del resto del continente. La selva cubre casi el 90 por ciento de su superficie y pocas vías conectan el país con Guyana Francesa por el Este y con Guyana en el Oeste. No hay carreteras hacia Brasil, su vecino por el sur; su frontera de 1500 kilómetros carece de controles en su mayor parte.
El país tiene grandes reservas petroleras y depósitos auríferos. Con casi la mitad del sector aurífero explotado por la pequeña minería y poca transparencia en las concesiones de minería de oro, la corrupción y la ilegalidad son comunes.
Su geografía también hace al país atractivo como punto de tránsito para el envío de narcóticos a Europa, directamente o por medio de África occidental. Los narcóticos ingresan por tierra desde Guyana o en barcos de pesca venezolanos que sueltan los paquetes de cocaína rastreables con GPS en aguas internacionales cerca de la costa de Surinam. La droga también entra por vía aérea desde Brasil en avionetas que pueden aterrizar en una de las docenas de pistas formales, pero desiertas en medio de la selva.
La cocaína sale del país por el puerto principal de Paramaribo y el aeropuerto internacional de Zanderij. También se transportan drogas en yates de placer y posiblemente en submarinos.
Historia
Surinam se independizó en 1975, luego de casi tres siglos de régimen colonial holandés.
Apenas cinco años después, un cruento golpe de estado liderado por el sargento Desi Bouterse implantó un régimen castrense que gobernó hasta 1987. No hubo mejoras económicas estructurales y el régimen pronto perdió el respaldo popular. Los asesinatos de 15 reconocidos opositores en diciembre de 1982 dejaron al país conmocionado y políticamente aislado.
En este periodo se tendieron los cimientos de un narcoestado, con múltiples escándalos relacionados con drogas protagonizados por miembros del régimen militar. Las intenciones de reparar su imagen se hicieron añicos con el arresto en 1986 en Estados Unidos del teniente Etienne Boerenveen, segundo al mando, por narcotráfico.
Surinam se convirtió en punto de tránsito importante en el tráfico transnacional de cocaína en la época de la dictadura. Pablo Escobar visitó a Desi Bouterse en su palacio presidencial en 1983. En los noventa, el brasileño Leonardo Dias Mendonça fue el intermediario entre Bouterse y las FARC en transacciones de intercambio de armas por cocaína. El jefe de las FARC Carlos Bolas fue capturado en Surinam en 2002. El capo guyanés de la cocaína Roger Khan, a quien la DEA consideraba aliado de Bouterse, fue capturado en Surinam en 2006 y extraditado a Estados Unidos.
En la década de 2000, la situación económica del país mejoró. La resiliencia al crimen organizado se fortaleció, al igual que la cooperación internacional, entre otras cosas mediante la adaptación de la Declaración de Paramaribo de 2006 por parte de la Junta Internacional para el Control de Narcóticos de la OEA.
En 2010, Desi Bouterse regresó al poder, esta vez elegido democráticamente. Las cantidades de drogas decomisadas procedentes de Surinam se duplicaron directamente en los dos años siguientes y actualmente pueden estar en un pico histórico en el que una cantidad importante de los narcóticos incautados en puertos europeos procede del país.
45 años después de su independencia, Surinam tiene una economía frágil y es poco probable que pueda usufructuar sus grandes reservas de oro y petróleo. Los malos manejos deliberados que favorecieron principalmente al círculo íntimo de Bouterse socavaron el aparato estatal, con un sistema donde se privilegiaba la lealtad de los funcionarios por sobre sus calificaciones.
En julio de 2020, el presidente Chan Santokhi se posesionó como presidente, y expulsó a Bouterse y su complicado legado. Santokhi ha prometido limpiar la corrupción institucionalizada en Surinam, pero tiene una dura tarea por delante.
Grupos Criminales
Los grupos del crimen organizado participan principalmente en el tráfico de cocaína, la explotación minera y el lavado de dinero.
Para manejar los cargamentos de cocaína cada vez más voluminosos, como los decomisados en años recientes, se requiere una infraestructura que se ocupe del transporte, el acopio, la seguridad y el despacho. El suministro de cocaína está en manos de actores extranjeros —colombianos, venezolanos y brasileños—, así como ciertas labores especializadas, entre ellas la construcción de submarinos. En Surinam, hay redes locales que se ocupan de la mayor parte del proceso de tránsito. Los vínculos culturales permiten que muchos traficantes surinameses se alíen con sus homólogos neerlandeses-surinameses para exportar cocaína a los Países Bajos. El país también ha sido usado como escondite por criminales internacionales fugitivos. En diciembre de 2018, se realizó un operativo sorpresa como parte de una operación internacional contra la organización mafiosa italiana Ndrangheta.
En la cúspide de la jerarquía criminal en Surinam se encuentra una red de exmilitares, empresarios y funcionarios de gobierno que manejan una gran parte de los negocios del oro y la cocaína, así como el lavado de ganancias ilícitas. El expresidente Bouterse dependió de su lealtad para mantenerse en el poder. No está claro qué función precisa cumplió Bouterse en el entramado, pero fue sentenciado en ausencia por narcotráfico en los Países Bajos en el año 2000 y su hijo Dino se encuentra purgando una pena de 16 años por delitos como narcotráfico en Estados Unidos. Los narcotraficantes Piet Wortel y Franklin Waterval resultaron vinculados a Bouterse en conversaciones telefónicas interceptadas por la policía neerlandesa en 2012.
No hay grupos criminales dominantes que controlen las minas de oro. La mayoría de las concesiones pertenecen a ciudadanos surinameses, pero los mineros brasileños superan a los surinameses por tres a uno, y por el derecho a trabajar en una concesión pagan un pequeño porcentaje del oro hallado. Ocasionalmente, pequeños grupos armados han robado a los mineros en el interior. Son comunes esquemas de seguridad con participación de brasileños, fuerzas del gobierno o seguridad privada. El actual vicepresidente Ronnie Brunswijk, quien es un narcotraficante convicto y antiguo insurgente, es uno de los hombres más poderosos de la industria aurífera en Surinam, aunque afirmó que había puesto esos intereses en un consorcio al tomar posesión.
Las redes de lavado de dinero coinciden en parte con las que participan en el tráfico de oro y cocaína. Casinos, casas de cambio de divisas y ventas de autos usados son recursos comunes para el lavado de dinero por medio del comercio. Algunos de los hombres de negocios más exitosos del país han sido encausados por lavado de dinero.
Fuerzas de Seguridad
Pese al golpe militar de 1980, Surinam no tiene una tradición militar fuerte. Su pequeño ejército no tiene muchos recursos y muchos soldados tienen empleos adicionales para completar sus ingresos, como prestar servicios de vigilancia en zonas mineras, por lo cual generalmente pagan un porcentaje al comandante del ejército.
El presupuesto de la policía se redujo de manera ininterrumpida en el gobierno de Bouterse y muchos agentes calificados dejaron la institución para buscar empleos mejor remunerados en el sector privado.
Hay varias unidades especializadas para combatir el crimen organizado. La creación de una unidad antiterrorista en 2011 causó mucha controversia, pues se puso bajo el mando de la presidencia, y no de la policía. Dino, el hijo de Bouterse, fue designado director de esa unidad antes de ir a prisión en Estados Unidos. Pese a que funcionaba bien, la Unidad de Inteligencia Antiterrorista (CTIU) se desarticuló en su mayor parte en 2018.
Sistema Judicial
La rama judicial de Surinam constituye un poder independiente del gobierno y se basa en parte en el sistema judicial neerlandés. La corte suprema es la Hof van Justitie (Corte de Justicia), cuyos miembros también atienden en los kantongerechten más bajos (juzgados de distrito) casos civiles y penales. Los recursos y el número de jueces aumentaron en los últimos 15 años.
Pero existen fallas en el sistema judicial. Con frecuencia no se implementa la legislación existente. En 2017, el país aprobó una nueva ley anticorrupción, pero esta nunca se ha puesto en vigor, algo que el nuevo presidente Chan Santokhi se comprometió a hacer.
No son raros los pagos para recibir fallos favorables en casos civiles y penales. Incluso en ocasiones los jueces asumen las diferentes etapas de un mismo caso, incluidas las apelaciones por fallos emitidos por ellos mismos. E incluso los casos más complicados se asignan a un solo juez, en lugar de encargarse a varios magistrados. La rama judicial no tiene presupuesto propio, por lo cual depende del Ministerio de Justicia. El presidente puede designar a jueces nombrados y condonar penas, una ley que Desi Bouterse usó en varios casos, entre ellos la excarcelación anticipada de su hijo adoptivo Romano Meriba, quien fue condenado por homicidio y robo.
Bouterse también usó su posición para resistirse a una posible condena. La administración Bouterse cambió la legislación de amnistía en Surinam en 2012 para permitir que el presidente evitara ir a juicio. El ministro de justicia fue destituido en 2017 y reemplazado por un aliado. También al fiscal general de la época se le pidió la renuncia. Pese a esos esfuerzos por debilitar el poder judicial , Bouterse fue sentenciado a 20 años de prisión, una sentencia que está apelando actualmente. Ese proceso demuestra que el poder judicial, con todo y sus fallas, es capaz de oponer resistencia.
Prisiones
La nefaria dinámica del control de pandillas y la sobrepoblación masiva común a muchos sistemas penitenciarios de Latinoamérica es desconocida en Surinam. Según nuevos datos disponibles de Prison Studies, la tasa de ocupación es de apenas el 75 por ciento. Las celdas de la policía, donde muchos tienen que esperar largos periodos antes de comparecer ante un juez, tienden al hacinamiento. Pero las instalaciones siguen siendo básicas, y en 2019, el abuso de un recluso que le causó la muerte en la prisión de Hazard, Nickerie, derivó en la suspensión de 17 guardias penitenciarios.
Fuante: Insightcrime
